sábado, 8 de junio de 2013

Cómo Proyectar una Auténtica Ley de Insolvencia


      Para quienes hemos seguido críticamente la discusión sobre la Ley de Insolvencia, era predecible que el proyecto presentado por el congresista Delgado no pudiera resistir las críticas a sus desaciertos. Ahora que el proyecto ha sido retirado, y siendo imparciales, nos queda claro que el mismo fue simplemente humo, y que, incluso, las críticas que ha levantado no han podido ser otra cosa que más humo. ¿Qué queremos significar con ello? Pues que aún no podemos sacar conclusiones útiles para los consumidores.

           El único mérito que ha tenido este proyecto es el de exponer un vacío más grande que el meramente normativo, y que revela un desconocimiento de conceptos adecuados sobre el fenómeno actual del crédito. Se ha subestimado el esfuerzo necesario para una norma de tal trascendencia importando mal una “Ley Modelo” argentina; y  si ya muchos cuestionan hoy en día la aptitud de nuestro legislador, este mal paso fortalece para peor dicha impresión.

          En efecto, el descarte de este proyecto no resulta del triunfo de la crítica liberal en su firme defensa del mercado, sino de la propia insostenibilidad del texto proyectado así como del discurso de sus promotores. El punto débil de la crítica es que cree defender el crédito cuando en realidad defiende, sobre todo, un ideal de funcionamiento del mercado apartado de la función social de aquél. En esta defensa del mercado han dejado claro que se necesitarán argumentos sólidos para abrir el camino a un diálogo productivo, y, principalmente, para que éste llegue a concretizarse en una Ley autentica, o sea, propia para nuestra realidad social y económica.
      Estoy muy lejos de considerarme una autoridad en el tema, pero mis conocimientos me permiten al menos hablar con una honestidad académica que no he percibido en muchos abogados que se han abanderado a ciegas como los defensores de los consumidores. El plan de acciones que puedo proponer es el siguiente:

1.       Convocar primero a las entidades públicas y privadas involucradas en temas de “inclusión financiera”.  Conozcamos primero al consumidor a crédito, constatemos sus diferencias y verifiquemos si el modelo de negocios de las entidades financieras se adapta a ellas. Conozcamos ante todo el lenguaje técnico, las propuestas y resultados de dicha labor con la experiencia de los actores involucrados. Ya mismo deberían abrir mesas de trabajo con ellas.

2.      Empezar a estudiar los créditos de consumo en las condiciones actuales del mercado. El 20% de las entidades financieras tienen el 80% del mercado. Las entidades y sus políticas de crédito están tan bien identificadas que suena inverosímil que no se les haya encarado.  
               
       El orden adecuado para enfrentar el problema de los créditos al consumo empieza por su aspecto contractual, por el esquema negocial en que se asignan los riesgos. Identifiquemos quiénes son los verdaderos responsables del encarecimiento del crédito para cumplir efectivamente con el  mandato constitucional del Art. 65 de nuestra constitución. Proteger al consumidor financiero no es solo enfocarse en aquel que ya ha contratado el crédito, sino permitir que dicho servicio sea brindado de manera responsable en resguardo del sistema en su conjunto. Lo contrario es generar sobreendeudamientos masivos que no sólo encarezcan el crédito, sino que agraven los problemas sociales ya existentes en un país que aún mantiene sus brechas de desigualdad.

3.     Debemos de redefinir la tutela del consumidor usuario de servicios financieros para darle una tutela integral. Consideremos qué modificaciones amerita el Código de consumo para tal fin. Por otro lado, actualmente la labor de INDECOPI se ha reducido a la mera atención de reclamos y está bastante lejos de asimilar estos problemas. Invito a cualquiera a ir a su biblioteca y comprobar lo mal que andan en bibliografía sobre el Tema.

      Dejar de mirar a INDECOPI es importante. Dejémosla en su rol de agencia de competencia y pensemos en una entidad como el SERNAC FINANCIERO en Chile. Busquemos una entidad que se ocupe efectivamente de la transparencia en el sistema financiero y promueva efectivamente los intereses de este sector de consumidores desde la inclusión financiera hasta la prevención del sobreendeudamiento..

         El crédito debe ser accesible como moneda corriente en una economía como la nuestra que empieza recién a superar la informalidad, por lo que la mayoría de peruanos subsiste con rentas variables. Además, pensemos en cualquier escenario donde un imprevisto no nos permita solventar nuestros gastos corrientes y debamos recurrir al crédito, y advertiremos lo inconcebible de acudir en un estado de necesidad para encima tolerar que nos cobren las externalidades del incumplimiento de otros.

4.     ¿Cuántos consumidores saben quién es el Defensor del usuario financiero? Ello demuestra que debemos replantear no sólo la regulación, sino también la autoregulación que vienen detentando las entidades financieras. Si la misma no promueve una mejor calidad en el servicio ni mucho menos transparencia y competitividad en el sector, es que hay que entrar a supervisar qué está pasando con ella.

5.   Recurrir a las Universidades públicas para abrir foros de debate interdisciplinarios y participativos. De todo ello podría coordinarse un discurso uniforme, y digno de documentarse para motivar un Proyecto de Ley.

         Espero que nuestros legisladores tengan la suficiente apertura para recibir todas las propuestas, críticas y aportes constructivos. De todos modos el peor error que podrían cometer es persistir en el modelo inicial.


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