jueves, 23 de mayo de 2013

Una Ley de Insolvencia más Trascendente que el Código de Consumo

    ¿Sería posible imaginar un Código Civil que no regule la propiedad o el contrato? Imposible, ¿verdad? De la propiedad se desprenden todos los demás derechos reales, así como del contrato prácticamente todas las obligaciones. Incluso, querámoslo o no, la técnica con la que se han regulado estas relaciones jurídicas han sido tomadas como referencia para las demás instituciones de nuestro Derecho.

    Pensemos, entonces, en el crédito al consumo, y más específicamente en el servicio brindado por entidades financieras, que es hoy en día la puerta de ingreso de los nuevos consumidores a la sociedad del consumo, y, ya una vez dentro, es el soporte que equilibra nuestro consumo con el acelerado ritmo de producción de los bienes. El crédito es, por tanto, una necesidad en sí misma con un camino ya marcado.

      No se trata de un servicio financiero más como rebajadamente aparece en nuestro código de Consumo, pues así como en los contratos civiles tenemos a la compra-venta como el paradigma de contrato, incluso hasta de acto jurídico, en los contratos de consumo el de crédito es el que nos permite originar y mantener todas las demás relaciones de consumo. Haciendo una analogía podemos decir, entonces, que el crédito es en la sociedad del consumo lo que la sangre en nuestro organismo.

      Este contrato es la expresión más lograda de su realidad,  del momento que nos toca vivir en la sociedad del consumo acelerado. Es un contrato de servicios en una economía de servicios. Es un contrato de larga duración donde la palabra “relación” (jurídica) se torna más fortalecida por el valor de la confianza, que es la base del crédito y que debe mantenerse hasta el cumplimiento del mismo. Es un contrato complejo porque busca realizar intereses trilaterales: consumir a crédito, vender a crédito, y otorgar créditos. Finalmente, hay que admitir también la influencia de una realidad social donde los sectores marginados del desarrollo buscan acceder al mercado, o sea, a los contratos de consumo, tal como anteriormente lo hicieron con la propiedad.

      Lo más trascendente está en que cambia completamente el sentido de la situación "pasiva" del deudor. Decir "endeudamiento activo" suena contradictorio cuando se plantea el tema a quienes aprendieron derecho de paporreta y sin sentido crítico (deudor = pasivo). Pero una visión dinámica del derecho nos permite ver al contrato ya no como un instante fugaz donde se intercambian promesas que luego se extinguen, sino como un ejercicio de poder. Esta deuda no es un “pasivo” en el sentido exclusivo de los números rojos de nuestra contabilidad, sino también un medio que nos permite aumentar nuestra calidad de vida. Nos hacemos consumidores endeudándonos y eso no está mal en tanto que las transacciones a crédito sean reflejo de la confianza en el mercado.

      Es por una realidad como la descrita que se justificaría tener una regulación adecuada de dicho crédito en el Código de Consumo. No obstante, éste se encuentra anclado en una visión donde nada de lo descrito anteriormente se ha tomado en cuenta y menos aún los complejos problemas que plantea. Todo empieza y acaba en ese contrato. Desde el otorgamiento del crédito hasta una eventual refinanciación del mismo.

      Los proyectos de Ley de Insolvencia Familiar presentados son dignos de este Código de Consumo, y ese es precisamente su gran defecto. Necesitamos una Ley que proteja al consumidor con mecanismos de prevención y contingencia frente al sobreendeudamiento, y no sólo limitarnos a regular la transparencia en dicho sector. Precisamos soluciones a la raíz del problema y no medidas paliativas a la insolvencia.

       Sin duda estamos ante una iniciativa trascendente, pero que debe ser contextualizada y correctamente planteada para sacarle el mejor provecho.  Por lo pronto que sirva al menos para hacernos conscientes de la oscuridad que rodea a nuestros legisladores en este campo.







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