lunes, 8 de abril de 2013

LA TUTELA CONTRACTUAL DEL CONSUMIDOR A CREDITO

Entre los mecanismos preventivos (del sobreendeudamiento) con los que contamos dentro del derecho del consumo tenemos los siguientes:

LA PUBLICIDAD Y LA OFERTA

            La publicidad de servicios financieros puede expresar diferentes contenidos, porque su propósito es atraer la atención del público. La publicidad jurídicamente relevante en temas de protección del consumidor es aquella que concretamente hace mención expresa de los detalles y condiciones principales que integrarán el contrato. Esta publicidad es juzgada no sólo por lo que expresa, sino también por lo que omite, en tanto que puede inducir a error al consumidor.

            Esto es resaltable porque la voluntad de los consumidores tiene que ser libre de la presiones y de los deseos impuestos por la publicidad u otros métodos de venta; y porque el consumo, cuando es fomentado mayormente por la publicidad desenfrenada y sin ética, disminuye la capacidad de discernir de las personas. En otras palabras, lo que la doctrina ha señalado que es una “presión” sobre él.

            El consumidor llega a las oferta a través de la publicidad masiva, pero la oferta dirigida al consumidor tiene también esa condición de masividad.Desde la publicidad y la oferta se pueden crear prácticas responsables en la relación crediticia, y la reglamentación de algunos derechos en relación con los contratos de crédito al consumo debe propender también a ello.

            Finalmente, lo que el consumidor debe comparar  no es la publicidad, sino las ofertas, que incluyen los aspectos sustanciales del contrato que desea realizar.

            La forma en que se celebran estos contratos es la escrita. Así está prescrito. Pero no sólo por su valor de medio de prueba. Sino para tomar en consideración lo que dice, lo que calla y lo que le está prohibido de decir. No obstante, esto no implica que la literalidad documentaria prevalezca sobre la realidad de las prestaciones, tal como se haya señalado en el Principio de Primacía de la Realidad que recoge el actual Código de Protección y Defensa del Consumidor.

            Hablamos de un contenido contractual mínimo cuando “El legislador, consciente de la desigualdad real entre los dos contratantes, exige que en el contrato se mencionen expresamente algunas circunstancias. Se pretende así garantizar el derecho de información del consumidor, pues el contrato habrá de tener necesariamente un determinado contenido, que se refiere a las obligaciones más importantes que asumen las partes contractuales”.

            La información mínima y transparente para una elección razonada debe quedar testimoniada en el contrato que se suscribe con el consumidor.

LA BUENA FE OBJETIVA Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN

            La buena fe contractual es un estándar de comportamiento basado en la lealtad. El consumidor puede confiar en que un predisponerte que se comporte conforme a la buena fe, no introducirá mediante cláusulas predispuestas una reglamentación contractual que no tenga en cuenta sus intereses, ni un contenido contractual que se aparte del equilibrio económico pactado, o que frustre sus expectativas legítimas sobre el contrato. La buena fe como regla de conducta, impone por lo tanto al predisponente un deber de ejercitar el poder de integración del contenido del contrato, tratando a la otra parte de manera leal y equitativa, o lo que es lo mismo, un deber de no aprovecharse de la posición de dominio que le viene conferida por la predisposición.        
El derecho a la información es un derecho medular del derecho de los consumidores. El Derecho de Consumo existe, primera y básicamente, por una falla de mercado: la asimetría informativa. Actualmente ya no se reduce a sólo a eso, pero conserva su importancia.El deber de informar es parte de un deber de cooperación que consiste en “revelar al interesado todo aquello que estuviera relacionado con el negocio jurídicoque él está celebrando, posibilitando una comprensión más amplia del contenido del acuerdo y sus consecuencias

            La obligación de información es claramente de resultado, razón por la cual el banco debe estar en condiciones de probar que la información sobreviniente y relevante fue dada a conocer oportuna y cabalmente a su clientela. Y de no hacerlo, tendrá el riesgo de ser condenado por los perjuicios derivados de su incumplimiento.

            Más que un concepto jurídico, la transparencia es la expresión de un problema jurídico con diferentes facetas, conectado a múltiples aspectos de la disciplina del contrato. El deber de transparencia tiene, por lo tanto, un contenido multiforme y dinámico, que engloba una serie de obligaciones informativas del predisponerte que tienen en común que se satisfacen mediante la redacción y plasmación de las cláusulas contractuales.

            La transparencia fue trasladada al derecho de consumo primero dentro del modelo informativista, en el cual es útil para el consumidor en tanto que le permite comparar entre otras ofertas. En teoría podría agotarse en la decisión de escoger al menos malo. De modo que básicamente es más un mecanismo indirecto para el consumidor, pues directamente lo que promueve es la competencia entre empresas financieras, que también es fundamental para el consumidor.

            Las exigencias de transparencia en la fase de incorporación se pueden calificar en tres categorías: la legibilidad, la comprensibilidad y la concreción.

            La accesibilidad de información y la transparencia hacen posible que el consumidor tenga primero la certeza de satisfacer sus necesidades de consumo a través de las ofertas que reciben, y luego confían en que éstas se cumplan de manera idónea.

            Los contratos deben diseñarse como acuerdos de confianza, pero para eso no basta con la transparencia. Se necesitan también otros elementos de seguridad y previsibilidad. Principalmente porque estamos ante servicios que tienen un alto nivel de innovación.

            Los consumidores no sólo necesitan información y aclaraciones (transparencia) que lo ayuden a entender cómo funciona el negocio de crédito para el público, sino que necesitan ser asesorados de modo tal que les permita valorar si, en su caso específico, es conveniente realizar alguna de las operaciones ofrecidas.

            El deber de consejo es concretizado, por ejemplo, en la presentación de las ventajas y desventajas en la contratación, en el ofrecimiento de otras formas de contratación más ventajosas, e incluso disuadiendo de no contratar, cuando notoriamente el consumidor no tuviera condiciones de honrar el contrato de crédito.

            La transparencia es igual para todos y es hasta ahí adonde llega. El Deber de aconsejamiento sobrepasa la mera información sobre el contrato de concesión de crédito, alcanza lo que puede ser llamado como “personificación de la información”, que es la adaptación de la peculiaridades del consumidor, apuntando objetivamente las ventajas y desventajas de la adquisición de crédito, a corto y largo plazo, previniéndolo.

TRATO JUSTO Y EQUITATIVO

            La “justicia y equidad” referida al trato que brindan las entidades financieras significa que todos los consumidores son dignos del mismo respeto, pero para brindar un trato equilibrado y realista deben también valorarse sus diferencias.

            La equidad se opone al adagio mecanicista de decir que la ley es igual para todos y se trata de hacer lo justo en el caso concreto. Los clientes de bajos ingresos no pueden permitirse el lujo de adquirir servicios financieros innecesarios, por  eso tampoco deberían las entidades financieras promover dichas conductas. Todos deben tener acceso a los servicios financieros y al crédito, pero en una cultura de responsabilidad.

            Ya no basta con ser igual ante la Ley, sino en ser igual a través de la Ley. Aún en nuestra calidad de ignorantes todos merecemos ser tratados con respeto y dignidad.



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