martes, 2 de abril de 2013

EL CREDITO RESPONSABLE


             Actualmente podemos hablar del crédito como objeto de un servicio de financiamiento,  un servicio entre tantos otros que ofrecen las entidades financieras y que hoy en día se caracterizan por una acelerada innovación y sofisticación tecnológica que permite su universalización.
            En esta expansión hay que reconocer también que así como han ido apareciendo con el tiempo nuevos intermediarios de crédito diferentes a los bancos, así también aparecen también nuevos sectores de usuarios, que anteriormente no solo habían estado excluidos de los servicios financieros, sino también del libre mercado.
            La sociedad del consumo en nuestro país es una importación reciente. No ha nacido aquí, sino que ha venido con la liberalización de nuestra economía y la apertura del mercado. Es así que hoy conocemos dos fuerzas claramente diferenciables en este mercado. Por un lado está la oferta de productos y servicios de consumo; y por otro lado tenemos a la oferta de crédito que nos permite acceder a esos bienes y servicios.
            El resultado es que el consumidor a crédito se ve envuelto en una doble desventaja, frente a dos proveedores distintos y en cada caso estamos hablando de una relación de consumo distinta, pero para esta complejidad ya no bastan las tutelas diseñadas para cada relación individualmente considerada, sino que necesitamos una tutela que aborde el fenómeno en su integridad.
            Jurídicamente estamos ante dos relaciones, pero económicamente hablando es una sola. ¿Cómo así? Según expliqué en un inicio fue la competitividad y el afán de expansión de las empresas lo que separó estas actividades en dos sujetos distintos, pero no es que cada uno se haya ido por su cuenta sino que colaboran entre ellos porque sus modelos de negocio no se sostienen el uno sin el otro. Es más generalmente el consumidor no puede distinguirlos como el caso de Tiendas Ripley y banco Ripley o Banco Falabella y Tiendas Saga Falabella.
            Que esto genera beneficios para el consumidor es innegable, pero que lo hace más vulnerable también. Porque estos compromisos de pago en futuro afectan su situación patrimonial personal y familiar que pueden llevarlo descender socialmente pasando a sectores más empobrecidos, o en casos extremos a vivir al margen de la sociedad del consumo, que es lo que se identifica precisamente como pobreza extrema.

            En este escenario, la razón fundamental por la que hay que proteger al consumidor a crédito es la del respeto a su dignidad. A pesar de la masividad de los créditos el consumidor no puede ser tomado como un medio descartable para la colocación de más productos en el mercado o el cumplimiento de las metas que se trazan las entidades financieras.
            El crédito es credere, que significa confianza, pero tradicionalmente nos hemos enfocado en la confianza del acreedor en cobrarle efectivamente al deudor. Pero hemos olvidado que la confianza del deudor también debe ser protegida. Porque este acreedor no es un acreedor cualquiera. Es el prestador de un servicio, es un profesional experto y especializado en  la concesión de créditos, un conocedor de riesgos que crea confianza en sus clientes.
            El crédito tampoco se debe ofertar como si fuera un producto cualquiera, sino como un servicio, cuyo precio (también llamado tasa de costo) debe ser reflejo de la capacidad financiera y de la situación personal del consumidor. Eso es un crédito responsable.
            Entonces, para proteger esta confianza necesitamos revalorar la autonomía de la voluntad. Pero no aquella del siglo XIX, del contrato como Ley entre las partes, ese que decía que lo que es contractual es esencialmente justo y nadie tiene porque intervenir.

            Actualmente tenemos que hablar de la autonomía de la voluntad racional, o sea, que se le tiene que permitir al consumidor juzgar por si mismo la decisión de celebrar o no un contrato. Esto sobre la base de cuales son las ventajas y desventajas que encierra este contrato de crédito. Que sea realmente una voluntad autónoma no es que haya negociado de tu a tu con el financiador, sino que se le haya permitido al conocer y razonar cómo va a afectar a su patrimonio una determinada transacción.
            No basta con que el financiador le explique o le traduzca las clausulas de un formulario, sino que se asegure de que el consumidor ha comprendido los efectos que tendrá dicho contrato en su economía.Confianza es la credibilidad que el consumidor deposita en el producto o en el vínculo contractual, para alcanzar los fines que razonablemente se espera de ellos.
            Esa es la confianza que debemos proteger.  La basada en la responsabilidad y el autorespeto. Tanto para los consumidores como proveedores.La negación de lo expuesto es el abuso en el crédito.Esto es, cuando se concede o se adquiere de forma irreflexiva.


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